*A más de dos décadas del mayor desastre ambiental de España, el juicio sigue abierto y su impacto social y ecológico permanece vigente
AGENCIAS
ESPAÑA.- Veintitrés años después del hundimiento del Prestige, el petrolero que provocó la mayor marea negra registrada en España, el caso vuelve a cobrar relevancia en tribunales y en la memoria colectiva de Europa. La justicia española continúa revisando responsabilidades y daños económicos derivados de aquella catástrofe que alteró para siempre la política ambiental del país.
El juicio, que comenzó años atrás pero sigue abierto en distintas fases administrativas, mantiene vivo el debate sobre la gestión que las autoridades hicieron del siniestro. En La Coruña, epicentro del desastre, persiste la exigencia social de que se clarifiquen los fallos que permitieron que 64 mil toneladas de fuelóleo pesado terminaran en el mar.
Un juicio de dimensiones históricas
El proceso judicial sigue siendo uno de los más grandes y complejos celebrados en España. En su fase principal participaron 2 mil 128 partes personadas, 133 testigos, 98 peritos, 51 abogados y 21 procuradores, un despliegue inédito para un caso de contaminación marítima.
En el banquillo de los acusados estuvo Apostolos Mangouras, capitán griego del petrolero, quien entonces tenía 76 años. Junto a él enfrentaron cargos el jefe de máquinas, el primer oficial y el exdirector de la Marina Mercante española, aunque con el paso de los años varias acusaciones se han ido diluyendo por prescripción o falta de evidencia penal directa.
La defensa de Mangouras sostuvo desde el inicio que el capitán fue convertido en un “chivo expiatorio” y que muchas decisiones críticas —como alejar el barco de la costa en lugar de llevarlo a un puerto refugio— fueron tomadas por autoridades políticas, no por la tripulación.
Impacto económico y ambiental
La Fiscalía, por su parte, presentó una evaluación económica del desastre que ascendió a más de 4 mil millones de euros. Solo España reclamó 3 mil 862.42 millones de euros por los daños ecológicos y económicos, mientras que Francia exigió compensaciones adicionales por el impacto registrado en sus costas atlánticas.
Los peritajes explicaron que la marea negra afectó más de 2 mil 900 kilómetros de litoral entre Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, además de zonas costeras francesas. Las pérdidas en el sector pesquero fueron “descomunales” y provocaron el cierre de caladeros enteros durante meses.
El desastre ocurrió en noviembre de 2002, cuando el Prestige, un buque monocasco operado bajo bandera liberiana, sufrió una vía de agua durante una tormenta frente a la costa gallega. Seis días después, el petrolero se partió en dos y se hundió a más de 3 mil metros de profundidad.
Respuesta ciudadana y consecuencias políticas
Las imágenes del fuel espeso —conocido popularmente como “chapopote”— cubriendo playas, rocas y aves marinas dieron la vuelta al mundo y marcaron a una generación completa en España. Más de 230 mil aves murieron, según organizaciones ambientales.
Ante la insuficiencia de las labores oficiales, miles de voluntarios de toda España se desplazaron a Galicia para retirar manualmente el combustible. Ese esfuerzo ciudadano dio origen al movimiento “Nunca Máis”, que se convirtió en uno de los referentes del activismo ambiental del país.
El desastre también dejó una herida política profunda. Diversas investigaciones posteriores señalaron falta de coordinación entre autoridades marítimas, confusión en las órdenes dadas al capitán y ausencia de un protocolo eficaz para buques en riesgo frente a puertos españoles.
Legado legal y ambiental
El Prestige puso en evidencia las debilidades de la normativa europea sobre transporte marítimo de mercancías peligrosas. Como consecuencia, la Unión Europea aceleró la retirada de los petroleros monocasco y reforzó los criterios para autorizar puertos refugio.
Durante años, España y Francia mantuvieron una batalla legal internacional para obtener compensación de la aseguradora del Prestige, London P&I Club. Finalmente, en 2023, el Tribunal Supremo español ordenó el pago de mil millones de euros en indemnizaciones, un hito para este tipo de litigios ambientales.
Hoy, el caso sigue siendo referencia mundial en materia de responsabilidad ambiental, políticas de prevención y gestión de riesgos marítimos. Especialistas consideran que marcó un antes y un después en la regulación de hidrocarburos en Europa.
En Galicia, sin embargo, la herida permanece abierta. Las comunidades pesqueras aún recuerdan cómo la catástrofe paralizó su economía y alteró su modo de vida. Los efectos ecológicos tardaron años en revertirse por completo, y algunos daños se consideran irreversibles.
A 23 años de la tragedia, el Prestige sigue siendo sinónimo de un error histórico de gestión, pero también del poder de la sociedad civil para enfrentar una crisis ambiental sin precedentes. Para España, se convirtió en un recordatorio permanente de que la prevención y la transparencia pueden significar la diferencia entre un accidente y un desastre.
El proceso judicial no ha cerrado del todo, pero el legado del caso ya está escrito: cambió leyes, sacudió conciencias y dejó en claro que el mar, cuando se contamina, lo recuerda para siempre.
