Prefeco Refuerza Vigilancia en Comercios por Regreso a Clases

  • Piden a padres de familia no dejarse condicionar por directivos escolares.

Marvin Bautista

Tapachula Chis; AGO 09 (interMEDIOS).- Al acercarse el inicio del nuevo ciclo escolar, los padres de familias erogan un recurso mayor para la compra de los artículos escolares y uniformes, por ello la Procuraduría Federal del Consumidor refuerza las acciones en los comercios de la ciudad a fin de evitar abusos durante los próximos días.

El Subdelegado de la Profeco en Tapachula, Emilio Pinzón González dio a conocer que se ha desplegado un operativo por el regreso a clases, que consiste en verificar que los comercios coloquen los precios a la vista de los productos o servicios que oferten, además de evitar que haya incremento injustificado de los mismos.

Dijo que ante la gran demanda de los productos o servicios escolares, los dueños de comercios recurren a viejas prácticas que atentan contra la economía de los padres de familia, por ello el personal de la dependencia recorre los establecimientos para evitar cualquier anomalía.

Señaló que se recorren comercios como papelerías, librerías, zapaterías, tiendas con venta de telas u uniforme, tiendas departamentales con venta de equipos electrónicos y de cómputo, ópticas y tiendas con oferta de servicios escolares.

El funcionario federal detalló que los comercios están obligados a exhibir los precios de los productos o servicios que oferten, entrega de comprobantes de venta, respeto de garantías, respeto y cumplimiento de las promociones u ofertas, información clara y veras de los características de los productos o servicios.

Respecto a las listas escolares que muchas instituciones entregan a los padres, enfatizó que no se debe condicionar a los padres de familia a comprar determinadas marcas de los artículos ni mucho menos en un establecimiento en específico, sino que deben apegarse a su economía familiar, ya que el consumidor tiene el derecho de elegir qué y dónde comprar.

Puntualizó que aquellos comercios o prestadores de servicios educativos que comentan abusos contra la economía de los padres de familia pueden ser sujetos a sanciones económicas que van desde los 800 hasta los 2 millones 700 mil pesos.

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