‘No hay monopolio, hay rectoría del Estado’: Sánchez Cordero

*La titular de la Segob rechaza que iniciativa preferente en materia eléctrica busque monopolizar el suministro de electricidad; hay participación de la IP, destaca

REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante diversos cuestionamientos acerca de la iniciativa preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, la secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, aclaró que ésta no promueve el monopolio, sino la rectoría del Estado.

En conferencia, la funcionaria destacó en Palacio Nacional que la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador busca que sea la Comisión Federal de Electricidad la que dé estabilidad, continuidad y confiabilidad a la ciudadanía en el sistema eléctrico.

“El Estado, en estos temas estratégicos y de seguridad nacional como lo es el suministro de energía eléctrica, debe tener una rectoría clara sobre estos temas y no significa necesariamente que sea, porque no lo es, porque hay competencia y empresas privadas en el sector, no significa monopolio, sino rectoría”, enfatizó.

Reiteró que la propuesta no promueve el monopolio, ya que la iniciativa privada ya está dentro del sector energético.

De acuerdo con la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal se plantea un cambio en el sistema de despacho de las energía a cargo de la CFE con el objetivo de que la energía producida en hidroeléctricas se agregue a la red de distribución de energía, peor no sólo ésta, también la generada en otras plantas de la Comisión, así como las energías eólica y solar de particulares, así como la de ciclo combinado de empresas privadas.

Ayer la Alianza Federalista convocó al Congreso de la Unión a rechazar la iniciativa preferente en materia energética y abrir un debate sobre modificaciones al marco jurídico.

Los gobernadores consideraron, entre otros puntos, que la iniciativa atenta contra los principios constitucionales de ascendencia constitucional, libre competencia y no retroactividad de la ley.

Por lo anterior, indicaron, se destruye la seguridad jurídica y la confianza en el país, además genera un escenario de incertidumbre, violenta derechos e  inhibe futuras  inversiones, no  sólo en el sector  energético, sino en  todo el espectro económico.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.