ASF detecta irregularidades de 66 mdp en adquisición de vacunas del IMSS; apoyaremos a la rendición de cuentas responde el Instituto

AGENCIAS

CDMX.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó un probable daño al erario por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por 66 millones de pesos en la adquisición de biológicos integrados en el Programa Universal de Vacunación.

Los auditores señalaron que al menos 57.1 millones de pesos corresponden a la falta de evidencia de la carta compromiso de canje, la cual se debe entregar por el proveedor en caso de que las vacunas tengan una caducidad menor a 12 meses a la fecha de entrega, en la cual se compromete a cambiar dichas inoculaciones, en caso de no consumirse dentro de su vida útil sin costo alguno.

El reporte explica que esta omisión se observó en las vacunas adquiridas por los contratos U200361 y U200365, pues no cumplen con las bases estipuladas en el “Anexo Técnico la Contratación Consolidada del Suministro de Vacunas para el Ejercicio Fiscal 2020”.

La Auditoría explicó que de las 2.73 millones de dosis de vacunas adquiridas, el 98.3 por ciento se entregaron y aplicaron en los plazos establecidos, mientras que 47 mil 543 dosis no cumplieron con los lapsos previstos en los contratos referidos.

La ASF recomendó que el IMSS “implemente los mecanismos de control necesarios, que permitan garantizar que los expedientes cuenten con la documentación soporte y con la verificación y constancia de la recepción de los bienes en el almacén, a fin de mantenerlos actualizados con las operaciones por entradas”.

En esos mismos contratos se observaron irregularidades por 2.1 millones de pesos debido a las penalizaciones por atrasos, entregas parciales o faltas de entrega de las vacunas, por lo que se incumplió con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Además, en otros tres contratos firmados por el IMSS (U19344, U200361 y U200365) los auditores encontraron otro probable daño al erario por 6.6 millones de pesos por la falta de documentación que compruebe la aplicación de penas convencionales a proveedores que incumplieron en sus obligaciones.

En la auditoría número 291-DS se reporta que las vacunas que tuvieron algunas irregularidades estaban destinadas a tratar enfermedades como la difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B, poliomielitis y haemophilus influenzae tipo B.

En el «Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2020-2021» se informó que, para cumplir con los objetivos de vacunación en 2020, el IMSS aplicó 23.1 millones de dosis de vacunas a la población en general.

En lo referente a la cobertura de vacunación con esquemas completos en niños menores de un año, al cierre de 2020, el IMSS completó 442 mil 971, es decir, un avance de 81.4% conforme a lo descrito en el mencionado Informe.

De la misma manera, en el citado informe se señaló que la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19 afectó de manera sustancial las acciones de vacunación. “Aunque la vacunación se consideró una actividad esencial en todas las unidades médicas, la reducción de la afluencia afectó de manera considerable la vacunación en todo el país con una variación negativa de 5.7 millones de dosis aplicadas entre 2019 y 2020”.

El IMSS respondió que está a la espera de la notificación oficial de la Auditoría Superior de la Federación del Informe Individual 291-DS sobre las vacunas que el IMSS adquirió para su esquema de operación ordinaria durante 2020.

Una vez notificado, el Instituto analizará a detalle la documentación que se le remita y tendrá un periodo legal para presentar la información y realizar las consideraciones pertinentes para solventar los resultados mencionados ante la Auditoría Superior de la Federación.

El Instituto Mexicano del Seguro Social dijo que dará seguimiento a las gestiones que solicite la ASF para solventar y contribuir a la rendición de cuentas.

El IMSS refrenda su compromiso con la transparencia en el manejo de los recursos públicos en beneficio de su derechohabiencia.

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