Gobierno de Chiapas debe garantizar vida de habitantes de Aldama y Chenalhó: CNDH

*El organismo ejerció la facultad de atracción del caso del conflicto armado en ambos municipios, por lo que se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para proteger, defender y garantizar el ejercicio de derechos a las víctimas.

Por Isaín Mandujano

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 11 ENE (apro).-La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a las autoridades de Chiapas garantizar la seguridad y la vida de los habitantes de Aldama, donde el lunes falleció uno a balazos y aclaró que desde hacer un mes investiga los hechos que pasan en esa región de los Altos de Chiapas.

Luego de que el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” informó que el domingo pasado fue herido por arma de fuego el señor Javier Hernández de la Torre, indígena tzotzil, habitante de Aldama, Chiapas.

Además Lorenzo Gómez Ruíz, originario de Juxton, fue alcanzado por un proyectil de arma de fuego que le quitó la vida horas después antes de llegar a un nosocomio de San Cristóbal de Las Casas, la CNDH hizo una condena enérgica de los hechos de violencia con armas de fuego.

La CNDH manifestó su preocupación por la situación de violencia que se vive en los límites de ambos municipios, al tiempo de exhortar al gobierno del estado de Chiapas a garantizar el derecho humano a la vida de las personas de las comunidades de Aldama y Chenalhó, a preservar el Estado de Derecho y a realizar con eficiencia, oportunidad e imparcialidad las investigaciones que permitan ubicar y procesar a los probables responsables de estos hechos.

Ante esto, la CNDH informó que mediante acuerdo de atracción del 10 de diciembre de 2021, se ejerció la facultad de atracción del caso del conflicto armado en ambos municipios, por lo que se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para proteger, defender y garantizar el ejercicio de derechos a las víctimas.

Asimismo, mantiene la vigencia de Medidas Cautelares dirigidas a distintas autoridades del gobierno del estado y a la Guardia Nacional, a fin de salvaguardar la seguridad, vida e integridad física de las personas que habitan en las comunidades.

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