*Imparable inseguridad tras éxodo migrante y Omicron*
*Funcionarios estatales de seguridad, les informan mal la película
*Secuelas delincuenciales en zonas de alto riesgo*
*Inspectores de servicios públicos, se lían a golpes con ambulantes africanos
*Servicios públicos en el ojo del huracán, con fenómeno migrante*
*INM no debe prestarse a fabricas delitos por caprichos
*Docentes indignados contra la SEP por retorno MORTAL*
*Periodistas de Tuxtla y Tapachula, exigen alto a los asesinatos*
Por. ANTONIO ZAVALETA HERRERA
No se puede tapar el sol con un dedo. La despampanante inseguridad que viven las millones de familias en los municipios mexicanos que comprenden la frontera sur de México, ya es imparable y, ha rebasado a las autoridades de los tres niveles de gobierno que no se pueden anticipar a un altercado mortal como las famosas ejecuciones, a excepción de que la víctima goce de intuición y habilidad destellante como para evadir una balacera.
Lo comentamos, tras los recientes hechos en Suchiate, cuando un joven de 25 años de edad acompañado de su familia fue baleado en plena luz del día, con indicios de ser ejecutado por desconocidos a bordo de una motocicleta que huyó con rumbo desconocido en una localidad que colinda con Guatemala Centroamérica, y se ha caracterizado por las ejecuciones, como un pan de cada día.
Pero la preocupante situación no solo se empaña con los asuntos criminales en Suchiate. Hace apenas unos días, el alcalde de Cacahoatán, Rafael Inchong Juan, sufrió un atraco en Tapachula.
Funcionarios estatales de seguridad, les informan mal la película
Al abanderado del Partido del Trabajo (PT), le abrieron su vehículo marca Honda, estacionado en las afueras de conocido restaurante de luxe en el nor poniente de Tapachula, sustrayéndole 100 mil pesos en efectivo y una laptop entre otras pertenencias.
El edil cacahoateco, fue asaltado en la famosa Perla del Soconusco, donde las autoridades de los tres niveles de gobierno cuentan con parque vehicular, armamento y tecnología de punta C4 y C5, que poco a servido para monitorear el despliegue delincuencial en la geografía huacalera. Dejan mal a funcionarios del gabinete legal y ampliado como la titular de Seguridad pública estatal, Gabriela Zepeda, al secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sergio Alejandro Aguilar Rivera y hasta al fiscal general del estado Olaf Gómez Hernández, pues las autoridades de segundo y tercer nivel a su cargo, pareciera se hacen de la vista gorda, dejando crecer un problema de inseguridad nacional ya enraizado en la Perla del Soconusco.
Secuelas delincuenciales en zonas de alto riesgo
Se han visto desplazadas las autoridades, por la delincuencia, tras aquel escenario sangriento en la colonia Indeco Cebadilla, con un saldo de dos personas asesinadas y un tercero baleado por criminales. No bastando queda el antecedente de tres víctimas asesinadas en la colonia Nuevo Milenio el pasado año, asaltos a mano armada a comercios, instituciones bancarias y cuenta habientes, además de desenlaces mortales en asaltos a casa habitación.
Y así podríamos llenar la plana con una retahíla de actos ilícitos posibles que siguen empañando la famosa perla del Soconusco, donde la cruda realidad está muy alejada a los montajes simulados y demagogias excesivas que irradian en lo ridículo.
Por los focos rojos detectados por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), que preside Adán Augusto López Hernández, trascendieron las instrucciones desde Bucarelli para reforzar la presencia policial vía Guardia Nacional en la frontera sur de México, con el firme propósito de combatir las secuelas delincuenciales del flujo migratorio, como el fenómeno mara y la presunta guerra por el narcomenudeo en varias localidades. Sin embargo, pese al arribo de más elementos federales y estatales, la iniciativa privada, el sector empresarial, los colegios de profesionistas, los sectores productivos y la sociedad civil, están poco convencidas.
Nexos y Contextos
Inspectores de servicios públicos, se lían a golpes con ambulantes africanos
Una tremenda trifulca callejera al estilo pandillas de Nueva York, se registró entre ambulantes de origen africano contra un grupo de inspectores de servicios públicos del ayuntamiento municipal de Tapachula. La tremenda madriza ocurrió a unos metros del palacio municipal; exactamente en la avenida del Mercado Sebastián Escobar, derivado de la irritación y pugna entre ambos bandos que al parecer ya se odian a muerte.
La parte oficial del ayuntamiento es acusada por comerciantes de cobrar cuotas clandestinas a los informales, derivado de un jugoso negocio que no entra a la tesorería municipal” externan. Mientras el grupo migrante es señalado de establecer sus negocios en calles y avenidas ilegalmente al carecer de dinero para darle de comer a sus familias, tras restringidos de viajar a la unión americana por el programa quédate en México firmado por el gobierno de Andrés López Obrador y, el de ejecutivo federal de los Estados Unidos, Joe Biden.
Servicios públicos en el ojo del huracán, con fenómeno migrante
La crisis migratoria sigue provocando estragos sociales en Tapachula. Ayer en pena hora pico con un intenso calor por las calles, los africanos de armaron de valor y aseguraron defenderse de la opresión y racismo que propician inspectores de servicios públicos al mando de José Arturo Rojas Cárdenas. Los señalan de incautar sus pertenencias periódicamente, amenazarlos, amedrentar a sus esposas e hijas y causar colapso económico pese a que apenas subsisten en tierras mexicanas.
En el lugar de los hechos, la policía municipal de Tapachula que dirige Fernando Rivas Vázquez, brilló por su ausencia, mientras que dos policías turísticos que pasaban por el lugar, no se bajaron de las bicicletas, siendo la misma población que separó a ambulantes y funcionarios de la cuarta transformación que se estaban dando con sillas, banquitos y palos que encontraron a su paso.
Finalmente a los inspectores de servicios públicos los retiraron del lugar tras la trifulca, luego de que en el palacio municipal se registraba en esos momentos un evento protocolario de la presidenta en turno, Rosa Irene Urbina Castañeda y la titular del Indeporte, Tania Robles Velázquez, y no querían escándalo. Horas más tarde los funcionarios de la 4T, exhibieron raspones y mosquetazos en la cara, propinados por los migrantes comerciantes, a quienes anunciaron demandarlos ante el ministerio público, por no dejarse.
INM no debe prestarse a fabricas delitos por caprichos
Toda una novela bien confeccionada ha trascendido en las últimas horas, con la aparición repentina de tarjetas TVR o QR que presuntamente confecciona, tramita e imprime el Instituto Nacional de Migración (INM) para otorgárselas a migrantes como visa temporal o salvoconducto. Fueron encontradas por un recolector X, en una bolsa tirada en el basurero, según señala la versión que no ha sido comprada por el mayor número de periodistas y comunicadores de la costa de Chiapas.
La fábrica de delitos por décadas se ha convertido en un mal de las dependencias de gobierno, para tratar de orquestar cuatros a sus adversarios o enemigos directos que los entrampan con el hecho de poner el dedo en la llaga para destapar corruptelas o cloacas de impunidad.
Por ahora el tema queda en el aire, porque justamente lo soltaron, cuando un grupo de migrantes africanos se defendieron a golpes de un grupo de funcionarios municipales de la cuarta transformación en las afueras del mercado Sebastián Escobar en Tapachula.
Si alguien tiene la culpa de la permanencia de migrantes varados en la frontera sur de México, es justamente la negligencia del INM, quien impone los acuerdos binacionales entre México y Estados Unidos, para fortalecer el programa “Quédate en México”, con el objetivo de que más de 80 mil migrantes no viajen a la frontera norte para internarse en los Estados Unidos.
Un muro invisible bien confeccionado mediante políticas de represión y congelamiento en la frontera sur de México. Mucho que explicar tienen las autoridades del INM en Chiapas, tras las agresiones hacia migrantes africanos en el primer cuadro de la ciudad. Si alguien quiere achacar culpas por el crecimiento del ambulantaje de migrantes en Tapachula, sería directamente el INM, quien sin pena ni gloria, ha resultado un organismo mediocre. ¿Qué sigue?…
Acertijo Público
*¿Qué hará la titular de educación en Chiapas, Rosa Aidé Domínguez, tras tener encima la inconformidad de cientos de maestros de varias regiones en Chiapas, quienes están infectados por Omicron y por obvias razones no pueden acudir a trabajar, aunque la SEP los esté casi sacando a empujones de sus hogares?… Ya son varias escuelas que anuncian suspensión de clases, derivado de cadenas de contagios en su interior; sin embargo, los docentes se armaron de valor y arremetieron contra Aidé Domínguez, por promover la exigencia del retorno a las aulas, en una temporada caótica, que está inmersa en la enfermedad contagiosa. ¿Hay confianza de llevar a nuestros hijos a la escuela con esta situación dudosa?…
*Centenares de periodistas se congregaron en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula en Chiapas, como parte de la protesta nacional contra los asesinatos de los periodistas, José Luis Gamboa, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado en el mes de enero del 2022. Hechos lamentables que han enlutado el país y que obligan a reagruparse en cada punto recóndito de la nación para exigir garantías y protección a los derechos humanos. Irónicamente en Chiapas, también fue asesinado Freddy López Arévalo, quien tuvo respaldo y exigencia de la ONU a nivel internacional para el esclarecimiento de su deceso. Meses más tarde, encontraron a sus asesinos, muertos en una cajuela en Frontera Comalapa. El periodismo, se ha convertido en una actividad de alto riesgo, por lo que el gobierno federal, estatal y municipales, están más que comprometidos a fomentar la libertad de prensa, sin sensibilidades, indignaciones y malestares estomacales. ¿Usted cree que se pueda?…
Comentarios antoniozavaletah@gmail.com
