Fallo de la Corte Suprema deja a inmigrantes con errores en sus trámites al borde de la deportación

*Hasta antes del dictamen, quedaba la instancia de la apelación ante las cortes federales, incluso el máximo tribunal de justicia, pero los magistrados, en una decisión dividida 5-4, determinaron en contra de los extranjeros que buscan una revisión judicial de los errores cometidos por las agencias involucradas en un caso de inmigración.

AGENCIAS/Univisón

EU.- El fallo emitido el lunes (16 de mayo de 2022) por la Corte Suprema de Justicia en el caso Patel v. Garland, deja a las puertas de la deportación a cualquier inmigrante que se haya equivocado durante un trámite que posteriormente sea rechazado por un oficial o un juez de inmigración.

Hasta antes del dictamen, quedaba la instancia de la apelación ante las cortes federales, incluso el máximo tribunal de justicia, pero los magistrados, en una decisión dividida 5-4, determinaron en contra de los extranjeros que buscan una revisión judicial de los errores cometidos por las agencias involucradas en un caso de inmigración.

La jueza Amy Coney Barrett, nombrada por el expresidente Donald Trump, escribió en la sentencia que los tribunales federales “tienen prohibido categóricamente” considerar tales asuntos (de inmigración, porque no tienen jurisdicción en los tribunales federales).

El dictamen constituye un duro golpe para un número indeterminado de inmigrantes en proceso de alcanzar un beneficio, afectados por una decisión adversa tomada discrecionalmente por un funcionario o para otros miles que el día de mañana soliciten un beneficio legal disponible y, durante el trámite, cometan un error involuntario que detenga pedido y se convierta en una indeseada e inesperada causa de deportación de Estados Unidos.

Qué dictaminó la Corte Suprema

El máximo tribunal de justicia “limitó” la capacidad de las cortes federales para revisar ciertos hallazgos fácticos (reales o efectivos) en los procedimientos de inmigración que determinan si los extranjeros que buscan un ajuste de estatus (residencia) serán deportados o se les permitirá permanecer en el país.

“Esta decisión puede tener gran impacto en determinar el que sea o no sea deportado del país un extranjero”, dice Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de inmigración y exfiscal de inmigración del Departamento de Justicia. “Fundamentalmente, la decisión le quita una vía importante a los que no son ciudadanos para impugnar decisiones erróneas de las agencias y/o jueces de inmigración”.

ué caso revisó la Corte

La Corte Suprema revisó el caso del inmigrante de origen indio Pankajkumar Patel y su esposa, quienes ingresó ilegalmente (sin haber sido inspeccionados en la frontera) al país en la década de los 90. En 2012 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) determinó que Patel era “deportable” por estar presente “sin inspección” en el país.

Durante una audiencia, explica el sitio Oyez, especializado en publicar casos de inmigración de alto perfil, “Patel admitió que podía ser expulsado, pero buscó un alivio discrecional de deportación con el argumento de que tenía un documento de ajuste I-140 (Petición de Trabajador Inmigrante Extranjero) aprobado”.

Para ser elegible para el alivio discrecional de la deportación, un extranjero debe demostrar, entre otras cosas, “claramente y sin lugar a duda”, que no es inadmisible en Estados Unidos, señala la ley.

Por qué la situación de Patel estaba en duda
 

Los documentos judiciales indican que la admisibilidad de Patel se puso en duda porque, cuando solicitó una licencia de conducir (carné de manejar) en el estado de Georgia, en 2008, se representó “falsamente” cuando marcó una casilla que indica que es ciudadano estadounidense y no lo era.

En su audiencia de deportación, el inmigrante de origen indio argumentó que fue simplemente un error y que no era importante, ya que no se requería la ciudadanía para obtener la licencia de conducir.

 Cuál fue la respuesta del juez

El juez de inmigración que presidió el juicio de deportación “rechazó” los argumentos de Patel y negó su solicitud de ajuste (residencia) por medio de un Formulario I-140.Patel apeló la decisión del juez, pero esta instancia ratificó la sentencia al no encontrar ningún error claro en los hallazgos del hecho.

Posteriormente, un panel de la Corte de Apelaciones del 11 Circuito sostuvo que carecía de jurisdicción para revisar las conclusiones fácticas del juez de inmigración.

 Qué dijo la Corte Suprema

La Corte Suprema falló que la ley federal “prohíbe la revisión judicial de cualquier fallo relacionado con la concesión de alivio” bajo el amparo de la Ley de Inmigración.

El juez Neil Neil Gorsuch, argumentó en la sentencia que “no es ningún secreto que cuando se procesan solicitudes, licencias y permisos, el gobierno a veces se comete errores”.

Y agregó: “A menudo, son pequeños: un nombre mal escrito, una solicitud fuera de lugar. Pero a veces un error burocrático puede tener consecuencias que cambian la vida. Nuestro caso es tal caso”.

Argumentó además que la decisión del tribunal elimina una importante salvaguardia judicial para los no ciudadanos (extranjeros) en los procedimientos de deportación. “Hoy, la Corte sostiene que una burocracia federal puede cometer un error fáctico obvio, uno que resultará en la deportación de un individuo de este país, y no se puede hacer nada al respecto”, advirtió.

Gorsuch se opuso al fallo junto a los jueces Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan y se convirtió en un duro crítico de la naturaleza radical de la decisión de la mayoría.

 Decisión “terrible”

Abogados consultados por Univision Noticias señalaron que la decisión de la Corte Suprema es “terrible”.

“Por la sencilla razón que los errores que cometa un oficial de inmigración y el inmigrante interpone un recurso de apelación para revertir la decisión, los tribunales federales no podrán revisar el caso. Eso es algo terrible”, dice José Guerrero, quien ejerce en Miami, Florida.

“El inmigrante ya no tiene este recurso legal con esta decisión. Afectará a todos aquellos casos de residencia por ajuste de trabajo o familia donde un oficial de inmigración comete un error porque no habrá oportunidad de apelar esa decisión en contra”, agregó.

“Lamentablemente con el fallo de la Corte Suprema los tribunales federales no podrán revisar las equivocaciones. Como le dije, es terrible”, apuntó.

 

Un «robo»

“La decisión de la mayoría le roba al demandado la posibilidad de contradecir los fallos errados —los hechos incorrectos— al ignorar la expresión clara del estatuto que prohíbe por poco revisar solamente las sentencias relativas a la concesión de medidas cautelares”, explicó Sánchez-Roig.

“Esta decisión tendrá un impacto negativo en las vidas de miles de inmigrantes que han vivido en Estados Unidos durante muchos años y que han sido víctimas de decisiones objetivamente erradas”.

 

Miles serán afectados

La decisión de la Corte Suprema “significa que miles de inmigrantes cada año ya no podrán acudir a la corte federal para corregir errores de hechos por parte de los jueces de inmigración”, dice Stephen Yale-Loehr, profesor de la práctica de inmigración de la escuela de leyes de la Universidad de Cornell, Nueva York.

“Dado lo mucho que está en juego en los procedimientos de deportación, el Congreso debería proporcionar fondos para que los abogados representen a los inmigrantes en todos los procedimientos de deportación de la misma manera que se proporcionan abogados automáticamente a todas las personas acusadas de un delito”, precisó.

Los argumentos de Patel

Patel afirmó durante la apelación de su caso, que marcó por error la casilla incorrecta en la solicitud de licencia de conducir en el Estado de Georgia.

El mismo argumento fue llevado ante la Corte Suprema, pero la mayoría de los magistrados sostuvo que un estatuto federal de inmigración (8 U.S.C. § 1252(a)(2)(B)(i)) impide que los tribunales federales revisen las conclusiones de hecho que están conectadas con las sentencias del poder ejecutivo sobre la concesión de un alivio migratorio discrecional.

“Los tribunales federales tienen un papel muy limitado que desempeñar en este proceso”, escribió Barrett. “Con la excepción de cuestiones legales y constitucionales, el Congreso ha prohibido la revisión judicial de las decisiones del Fiscal General que niegan el alivio discrecional de la deportación”.

Despojo cruel

“Esta decisión despoja a los no ciudadanos (inmigrantes en general que buscan un ajuste de estatus) de una importante vía de alivio después de decisiones incorrectas de los jueces de inmigración. Lo hace ignorando el lenguaje sencillo de la ley, que prohíbe por poco revisar solo las sentencias relativas a la concesión de medidas cautelares”, dijo Jeremy McKinney, presidente electo de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

Agregó que “muchos de los que enfrentan la deportación han vivido en nuestras comunidades, criado familias y contribuido a nuestra prosperidad compartida durante años; en este caso, un error inocente en un formulario del DMV debería haber sido revisable. Esta decisión es profundamente decepcionante para mí como abogado, pero más que eso es perjudicial para la obligación fundamental de nuestra nación de tratar a las personas de manera justa, independientemente de su país de origen”, apuntó.

 

Los temores de Gorsuch

La disidencia del Juez Gorsuch esclarece los temores que comparten los abogados consultados por Univision Noticias:

El juez escribió: “La mayoría concluye que los tribunales son impotentes para corregir una decisión de la agencia que declara que una persona no es elegible para el alivio de la deportación en base a un error de hecho, sin importar cuán atroz pueda ser el error. La interpretación de la mayoría tiene la consecuencia adicional de negar cualquier posibilidad de corregir los errores de la agencia en el procesamiento de las solicitudes de tarjeta verde fuera del contexto de deportación. Incluso el gobierno no puede decidirse a respaldar las sorprendentes conclusiones de la mayoría. Por buena razón. Esas conclusiones están en guerra con toda la evidencia que tenemos ante nosotros. Leen el lenguaje del estatuto y colapsan el claro marco de dos pasos de la ley. Ignoran las lecciones de las disposiciones vecinas e incluso ignoran el título mismo del estatuto. No tienen sentido de la historia del estatuto. En conjunto, la novedosa expansión de la mayoría de una excepción estatutaria limitada termina tragando la regla general de la ley que garantiza a las personas la oportunidad de solicitar una revisión judicial para corregir errores burocráticos obvios. Es una conclusión que convierte a una agencia que antes era responsable ante el estado de derecho en una autoridad en sí misma. Quizás algunos darían la bienvenida a un mundo así. Pero difícilmente es el Congreso mundial ordenado”.

Solo un ejemplo
Sánchez-Roig dice: “Por ejemplo, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) puede denegar un ajuste de estatus expresando, sin evidencia, que el individuo, que era miembro de la asociación de padres y maestros de la escuela de su hijo, apoyaba materialmente al terrorismo. Estos hechos incorrectos no se pueden investigar y revisar. Para impugnar tal negación habría que encajar la impugnación en una cuestión constitucional (violación del debido proceso, la definición legal de un grupo terrorista). Pero incluso con este último, un tribunal más restrictivo diría que sigue siendo una determinación de hechos no revisable. Lamentablemente, le abre las puertas a todo tipo de falsedades”.
 

Las únicas excepciones
De acuerdo con el fallo, las únicas excepciones de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema en el caso Patel v. Garland, son las cuestiones constitucionales o las cuestiones de derecho. “Los tribunales federales de apelaciones no pueden intervenir para corregir los errores de hecho cometidos por los tribunales de inmigración”, reiteró Guerrero.

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