AGENCIAS
CDMX.- La nueva Ley General de Aguas impide suspender totalmente el servicio por impago al reconocerlo como derecho humano. Establece que, ante imposibilidad de cubrir el costo, las familias deben recibir un mínimo para consumo básico. El reto estará en la aplicación local y en la capacidad operativa.
Operadores municipales hoy recurren al corte total; con la norma deberán garantizar el abasto mínimo. Casos como Reynosa muestran tensiones: usuarios que no pagan con regularidad y entrega directa de agua en plantas cuando hay suspensión del servicio por deuda, bajo responsabilidad de cada persona.
Autoridades estatales prevén impactos en finanzas locales si cae la recaudación; temen fomentar el ‘no pago’. La ley, vigente desde el 12 de diciembre, exige equilibrar el derecho de acceso con sostenibilidad operativa para no deteriorar la prestación y la planeación del abastecimiento.
