Agencias
Cacahoatán, Chiapas.— Mientras las lluvias continúan golpeando con dureza los caminos rurales, los deslaves amenazan viviendas y la memoria del pueblo por el fallecimiento de una persona fallecida ante duros fenómenos hidrometeorológicos sigue fresca, el municipio de Cacahoatán enfrenta un duro cuestionamiento por los recursos millonarios que recibió el ayuntamiento que aún preside el tachado de corrupto, Víctor Pérez Saldaña, y pese al dineral, sus comunidades más vulnerables no ven obras, no ven prevención, no ven resultados ni atención.
El Ayuntamiento que encabeza el inoperante y señalado de lacra, Víctor Pérez Saldaña dispone este año de 159 millones 591 mil 111 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) y 55 millones 766 mil 684 pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).
La suma supera los 214 millones de pesos etiquetados, por ley, para combatir el rezago social, fortalecer la seguridad y prevenir riesgos. Sin embargo, en las localidades de la zona alta y baja, la población se sigue preguntando qué le hizo este inútil al dinero para fortalecer el desarrollo de las comunidades. Sospechan de un hurto millonario descarado, por lo que piden al gobierno de Chiapas una pronta investigación ante la probable malversación de fondos, fraudes, desvíos millonarios, propios de un enriquecimiento ilícito descarado.
La exigencia de los sectores rurales, campesinos y populares es obligada. Se trata de una demanda legítima de transparencia en un municipio históricamente vulnerable a los embates del clima.
Y es que la temporada de lluvias ya cobró una vida, la ausencia de brigadas de Protección Civil municipales de CACAHOATÁN, la falta de obras preventivas y el deterioro de los caminos rurales constituyen una negligencia que trasciende lo administrativo para convertirse en una amenaza real a la vida y el patrimonio de las familias.
Los habitantes ya le exigen cuentas al seudo alcalde en turno y sus secuaces. Temen que el ayuntamiento local, haya sido secuestrado por una gavilla de rateros. Quieren informes detallados, mecanismos claros de rendición y, sobre todo, que el dinero público se traduzca en beneficios reales no simulados.
Porque la normatividad federal es explícita en torno al manejo sano de los recursos, que no son discrecionales, no son un cheque en blanco para la negligencia e ineptitud de lacras que se les hizo fácil desaparecer el dinero que era destinado para el pueblo. Son recursos diseñados para cerrar brechas sociales, no para agrandarlas y menos crear una serie de heridas que hoy sangran por actos de corrupción descarados.
Lo preocupante no es solo lo que falta por hacer, sino el silencio que envuelve lo que supuestamente ya se hizo. ¿Cuántas obras de mitigación de riesgos se han ejecutado este año? ¿Cuántos kilómetros de caminos rurales han sido rehabilitados? ¿Cuál es la estrategia municipal de protección civil ante la temporada de lluvias? Hasta ahora, las respuestas brillan por su ausencia.
La transparencia, como bien recordaron los pobladores, es una obligación legal y moral. Cuando un gobierno municipal guarda silencio sobre el destino de más de 214 millones de pesos, no solo alimenta la desconfianza ciudadana, también legitima la sospecha de que los recursos se diluyen en gastos que nada tienen que ver con las necesidades más urgentes de la gente.
Cacahoatán hoy más que nunca requiere que el ayuntamiento demuestre, con hechos y con recibos, que esos 214 millones de pesos están sirviendo para algo más que engrosar un renglón presupuestal.
Las comunidades rurales han esperado demasiado. Han perdido cosechas, han visto sus caminos desmoronarse y, lo más grave, han perdido vidas humanas. No pueden seguir esperando mientras el municipio y el inepto alcalde a Víctor Saldaña se sigue lamiendo los bigotes y sirviéndose con la cuchara grande, al convertir al ayuntamiento en una tiendita familiar y una beneficencia de particulares.
