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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Desde la máxima tribuna del pueblo chiapaneco, el diputado Freddy Escobar Sánchez, presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca blindar los recursos públicos mediante candados de austeridad aplicables tanto al Congreso del Estado como a los ayuntamientos municipales y los órganos electorales.
La propuesta, que modifica diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, establece como primer eje que el presupuesto anual del Poder Legislativo local no podrá exceder el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos del Estado.
Al fundamentar su iniciativa, Escobar Sánchez fue contundente: “Los recursos públicos son sagrados. Cada peso que ahorramos es un peso que puede destinarse a programas sociales, a infraestructura y a acciones que mejoren la calidad de vida de nuestro pueblo. La austeridad no es un eslogan; es una herramienta para generar bienestar y hacer justicia social”.
La reforma también alcanza la integración de los cabildos. De aprobarse, los ayuntamientos municipales no podrán exceder de más de 15 regidurías, lo que, según el legislador, representará un ahorro presupuestal significativo que será redirigido a obras y acciones de beneficio común.
Escobar Sánchez recordó que esta medida fue impulsada originalmente por el actual gobernador Eduardo Ramírez Aguilar durante su gestión como presidente de la Mesa Directiva del Congreso local. “Esta medida fortalece gobiernos municipales más eficientes, más responsables y más comprometidos con el buen uso de los recursos públicos; y reafirma un principio fundamental de la transformación pública: nadie debe estar por encima de la ley ni disfrutar de privilegios financiados con recursos del pueblo”, precisó.
En materia electoral, la iniciativa dispone que las remuneraciones de las personas consejeras, magistradas y magistrados electorales, así como de quienes encabecen áreas ejecutivas de dichos órganos, deberán sujetarse estrictamente a los límites previstos en el artículo 127 de la Constitución federal.
Asimismo, se prohíbe expresamente la contratación con recursos públicos de seguros de gastos médicos privados, seguros de vida, pensiones privadas, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén contempladas de manera expresa en la ley.
“Esta disposición responde a una convicción muy sencilla: el servicio público es una responsabilidad, no una fuente de privilegios”, concluyó el diputado presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur
